Bajas por enfermedad marca Hacendado (II) y un nuevo roto para desviar dinero público

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Parece que fue ayer cuando inauguraba la sección El domingo libro con Historia de un éxito: Mercadona, de Javier Alfonso (Conecta, 2014). Ya tenemos el visto bueno del consejo de ministros para que la norma que motivó aquel artículo, la que dará más poder a las empresas para decidir sobre el estado de salud de sus trabajadores, sea definitivamente aprobada por las Cortes Generales. Muy bien, Juan Roig, qué ojo tuviste al incluir en tu plantilla un centenar de médicos que son el primer filtro para asegurarse de que un trabajador está lo suficientemente enfermo. Y qué ojo ligar a tu grupo, entre proveedores de refrescos y cremas, una mutua que pueda decir mejor que el médico de la sanidad pública si tus empleados ya están en condiciones de volver al tajo. Y qué gran idea fusionarla con la de Santander, BBVA, Iberdrola y Unión Fenosa por eso tan excitante de las sinergias.

Vuelvo hoy a recomendar el libro de Alfonso y a destacar las informaciones que recoge sobre los empleados del gigante valenciano porque demuestran que las grandes empresas como Mercadona ya tenían poder suficiente para lograr que alguien aún convaleciente se reincorpore al puesto de trabajo. Roig, y quien dice Roig dice los empresarios, querían más. Fátima Báñez, la mujer dispuesta a lograr que nuestra vida laboral sea toda una aventura, se lo da.

Y eso no es todo. Además de que ahora los médicos contratados por los empresarios sean quienes digan si nos encontramos bien o mal, la ministra de Trabajo ha cumplido su promesa de abrir la puerta a que las mutuas se apunten a facturarnos servicios sanitarios con cargo al cajón de los impuestos. Con la nueva normativa, los centros de las mutuas podrán ser utilizados por los Servicios Públicos de Salud. Ya sabemos la cantidad de vías que se han abierto para derivar pacientes de la sanidad pública a la sanidad privada, usando incluso el servicio de cita telefónica para favorecer a esta última.

Como los españoles ahora cogemos menos bajas por enfermedad, no vaya a ser que al empresario le dé por aplicar la reforma laboral y nos haga un despido que se considerará procedente aunque la baja esté justificada, las mutuas tienen menos trabajo. Y esos “recursos ociosos” se quieren emplear en derivar pacientes de la sanidad pública. Y dinero, claro, que gratis esta gente no hace nada. Se abre por ello la posibilidad de que las mutuas lleguen a acuerdos con las comunidades autónomas para atender a pacientes y sacar su pellizquito.

PUES YO LE VEO BUENA CARA

De vuelta a las nuevas atribuciones de las mutuas para influir en el proceso de alta de un trabajador, con la nueva norma estas entidades, que pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social y los Servicios Públicos de Salud, tendrán poder desde el primer día de la baja por incapacidad temporal para actuar en el proceso(hasta ahora tenían que haber transcurrido dos semanas), para supervisar el trabajo de médicos y facultativos de la Seguridad Social. Podrán proponer el alta y, si lo que les contestan no les gusta, insistir en una instancia superior. Según el texto de la referencia del consejo de ministros:

Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social podrán actuar desde el primer día de la baja laboral. Cuando consideren -con la información clínica de que dispongan- que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, tendrán la posibilidad de formular propuestas motivadas de alta médica dirigidas a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud. Las Mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para su conocimiento, que se ha enviado la mencionada propuesta de alta.

Desde ese momento, la Inspección Médica tendrá un plazo de cinco días para aceptar o denegar el alta y comunicárselo a la mutua y al INSS. En caso de que el Servicio Público de Salud considere que el trabajador aún no está en condiciones de volver al puesto de trabajo, a nuestros gobernantes les sigue pareciendo que la opinión puede no estar lo suficientemente fundamentada, así que dan la opción a la mutua de pedir el alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este tendrá un plazo de cuatro días para responder.

Como este Gobierno siempre anda con prisas y el cambio normativo va a tener el honor de pasar por las Cortes, el consejo de ministros le cosió el viernes al proyecto de ley un Real Decreto que, de forma transitoria, deja los plazos para la respuesta del Servicio Público de Salud y el INSS sobre un alta sean de diez y de ocho días respectivamente. Es decir, que de nuevo nos saltamos el proceso sin una motivación de urgencia, y eso que hasta los leones del Congreso tienen cara ya de rodillo.

“EN MERCADONA NO HAY BAJAS”

¿Era necesaria la prisa? Para la gran empresa desde luego no. Echen un ojo a este tuit de @fanatic1982 del pasado 29 de mayo en la que se ve a una empleada de Mercadona con escayola en la pierna y muleta, colocando producto en los lineales.

Dice Alfonso en su obra sobre Mercadona, producto de años escribiendo sobre la empresa valenciana:

Juan Roig va a trabajar así le duela la cabeza, tenga fiebre o le martiricen sus problemas de espalda, y quiere que sus trabajadores hagan lo mismo. (…) Quien no pueda que no vaya, pero no ha de poder de verdad. Sabe que parte de las bajas laborales que se producen en España son fraudulentas, así que prefiere pasarse que quedarse corto en el control. En 2012 presumía de que el absentismo en Mercadona era del 0,78%, (…) frente al 6% que se daba en el conjunto de España.

Continúa el libro con una cita de un empleado:

“A mí no me ha dicho nadie que no coja bajas, pero yo si tengo una gripe voy a trabajar y mis compañeros también. En Mercadona no hay bajas”.

Sí hay bajas, comenta Alfonso, pero muy justificadas.

Para eso la empresa cuenta con un centenar de médicos a los que es obligatorio llamar cuando uno tiene algún problema. Acudir al médico de la Seguridad Social a pedir la baja se considera una deslealtad que puede significar perder la prima de beneficios. Los médicos de la empresa “se ocupan, primero, de la salud de los trabajadores y, segundo, de ver si hay fraude en el absentismo”, según Juan Roig. En realidad, la misión de estos facultativos es que se produzca el menor número de bajas posible y que estas tengan la justa duración. (…) No es raro ver en los supermercados a algún trabajador con escayola o convaleciente de una operación, aún con los puntos.

LA MUTUA DE MERCADONA

Una vez el médico de Mercadona considera que no queda más remedio, que está ante una enfermedad marca Hacendado

que la patología tiene la entidad suficiente para requerir una baja, entra en juego el segundo control sobre el absentismo: la mutua. Juan Roig se compró una en 1998. Ese año, Mutua Valenciana de Levante (Muvale) atravesaba una crisis que ponía en peligro su supervivencia, cosa que no ocurrió gracias a que Mercadona se apuntó a ella con sus 16.000 trabajadores y a que Juan Roig convenció a Bancaja y a otros grandes empresarios valencianos para que hicieran lo mismo.

Roig decidió quién sería el siguiente presidente de Muvale y envió a directivos de Mercadona a reconducir la mutua, que se fusionó en 2006, como explica Alfonso, con Umi, la mutua de grandes empresas como Iberdrola, Unión Fenosa, BBVA y Santander, dando lugar a Umivale. Hoy la sombra de la corrupción planea sobre Umivale, con el gerente, el ex presidente y una directiva imputados por un presunto fraude a la Seguridad Social. Dice el libro:

Con la mutua convertida en una extensión de Mercadona, seguía habiendo un pequeño inconveniente para los intereses de la empresa, y es que las altas de los trabajadores que estaban de baja por enfermedad común o por accidente no laboral eran atribución exclusiva de los facultativos de la Seguridad Social, lo que hacía que algunas altas que los médicos de Mercadona y Umivale firmaban no fueran aprobadas por los de la sanidad pública. Juan Roig es uno de los empresarios que más ha insistido en declaraciones públicas para forzar un cambio legislativo que permita a las mutuas encargarse de las altas, una postura que defiende la patronal CEOE y rechazan los sindicatos.