Bajas por enfermedad marca Hacendado (II) y un nuevo roto para desviar dinero público

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Parece que fue ayer cuando inauguraba la sección El domingo libro con Historia de un éxito: Mercadona, de Javier Alfonso (Conecta, 2014). Ya tenemos el visto bueno del consejo de ministros para que la norma que motivó aquel artículo, la que dará más poder a las empresas para decidir sobre el estado de salud de sus trabajadores, sea definitivamente aprobada por las Cortes Generales. Muy bien, Juan Roig, qué ojo tuviste al incluir en tu plantilla un centenar de médicos que son el primer filtro para asegurarse de que un trabajador está lo suficientemente enfermo. Y qué ojo ligar a tu grupo, entre proveedores de refrescos y cremas, una mutua que pueda decir mejor que el médico de la sanidad pública si tus empleados ya están en condiciones de volver al tajo. Y qué gran idea fusionarla con la de Santander, BBVA, Iberdrola y Unión Fenosa por eso tan excitante de las sinergias.

Vuelvo hoy a recomendar el libro de Alfonso y a destacar las informaciones que recoge sobre los empleados del gigante valenciano porque demuestran que las grandes empresas como Mercadona ya tenían poder suficiente para lograr que alguien aún convaleciente se reincorpore al puesto de trabajo. Roig, y quien dice Roig dice los empresarios, querían más. Fátima Báñez, la mujer dispuesta a lograr que nuestra vida laboral sea toda una aventura, se lo da.

Y eso no es todo. Además de que ahora los médicos contratados por los empresarios sean quienes digan si nos encontramos bien o mal, la ministra de Trabajo ha cumplido su promesa de abrir la puerta a que las mutuas se apunten a facturarnos servicios sanitarios con cargo al cajón de los impuestos. Con la nueva normativa, los centros de las mutuas podrán ser utilizados por los Servicios Públicos de Salud. Ya sabemos la cantidad de vías que se han abierto para derivar pacientes de la sanidad pública a la sanidad privada, usando incluso el servicio de cita telefónica para favorecer a esta última.

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El 25% de los contratos firmados este año duró menos de 7 días

La reforma laboral del Partido Popular es esa ley que apareció un día en el BOE con la intención, decía el preámbulo, de crear un marco legal “que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país”. De las promesas a los hechos, lo que tenemos hoy, cuando desde el Gobierno cantan a coro que están muy contentos de que por fin este año se va a crear empleo neto, es un país en el que uno de cada cuatro contratos que se firma dura menos de una semana. Así lo demuestran las cifras de los informes mensuales de enero a mayo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), adscrito al Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez, agregadas en el cuadro superior.

Esto no es temporalidad es la constatación de que este país se ha convertido en un lugar donde hacer un plan de vida es algo imposible en cada vez más casos. De los 7.840.735 contratos que se firmaron en los seis primeros meses de 2014, el 24,59% (1.928.044 contratos) tenía una duración inferior a siete días. Si se quiere medir la eficacia de esta ley en función de lo que se prometió públicamente, el Gobierno tiene complicado afirmar que ha creado un marco legal que dé estabilidad al empleo. Si se suman los contratos con una duración igual o inferior a un mes, el porcentaje sobre el total se dispara hasta el 37,8%.

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