Patronal española: mano dura con el trabajador, guante de seda con el pufo empresarial

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Ya estamos en 2014. Cómo pasa el tiempo. Este año hay elecciones en la patronal de patronales y me han dado ganas de echar la vista atrás y, de paso, dedicar la sección El domingo libro a la obra que escribió Juan Rosell pocos meses antes de convertirse en presidente de CEOE. Título: ¿Y después de la CRISIS, QUÉ?, publicado por Deusto a principios de 2010. El libro es un recetario neoliberal asentado en esas afirmaciones como que facilitar el despido genera empleo estable (ya lo hemos visto), o la pretendida lucha contra la temporalidad en los contratos a base de abaratar las indemnizaciones de los empleados con contratos indefinidos, una estrategia que ha terminado favoreciendo un cambio lingüístico. Ahora llamamos indefinido a un contrato en el que te despiden sin indemnización durante el primer año. Volviendo al autor, pasaron unas cuantas cosas el año de publicación del libro en la patronal y han pasado otras muchas después que dan ganas de preguntar a Rosell ¿y después de la crisis, la calidad del empleo, qué?; ¿y después de la crisis, la Seguridad Social, qué? y también ¿y después de la crisis, la patronal, qué?

Respuestas a las dos primeras preguntas aparecen detalladas en Crisis, S.A.: El saqueo neoliberal, en los bolsillos de los trabajadores, en las estadísticas del INE. Hoy me pregunto sobre todo por la segunda, aunque el final lo dedico a algunas perlas del libro de Rosell. ¿De dónde viene esta patronal? Hagamos flash-back.

4 de octubre de 2010. Gerardo Díaz Ferrán preside la CEOE. Sus pufos, desvelados uno detrás de otro por esa fantástica periodista que es Susana Rodríguez Arenes, han ido estallando y hacen insostenible su situación al frente del lobby de los empresarios. Casi nadie se atreve, sin embargo, a plantearle a la cara lo que es un clamor en los pasillos de la patronal: que se tiene que ir. La asociación empresarial ha pedido por activa y pasiva facilidad para despedir empleados y, sin embargo, tiembla como una hoja para echar de sus filas al que merecería una despedida procedente: su presidente. Las imágenes de cientos de clientes de Air Comet incapaces de llegar a sus destinos en Navidad, los miles de empleados de la aerolínea y de Marsans que se han quedado sin empleo y sin sus últimas nóminas, las decenas de proveedores a los que no se han abonado sus deudas, incluida la Seguridad Social, y el cierre de empresas, no han logrado que Díaz Ferrán se plantee por sí solo dar el paso. Se lo han puesto fácil.

Él mismo había puesto su cargo a disposición de la junta directiva y el comité ejecutivo en diciembre de 2009 y obtuvo la respuesta que en realidad buscaba: un sonoro aplauso. Lo mismo en enero de 2010, cuando informó de la situación de Air Comet por si alguien quería pedir su dimisión. Respuesta: Ovación. Ni siquiera en marzo de 2010, cuando la IATA había retirado a Viajes Marsans la licencia para vender billetes, hubo reproche alguno en voz alta. Las cosas fueron cambiando en los meses posteriores, con algunas voces como la del vicepresidente de la patronal catalana, Joaquim Gay, o el presidente de los estanqueros, Manuel Fernández, sonando en alguna junta, alzándose contra lo que ocurre. Y los corrillos en los rellanos de la casa de los empresarios empezaban a no hablar de otra cosa. Sin embargo, se lo habían puesto tan fácil durante tantos meses que iba a hacer falta un empujoncito para que se fuera. A ver quién era el valiente. 

Díaz Ferrán convoca para el 4 de octubre de 2010 una comida con los 21 vicepresidentes de la CEOE (sí, he dicho 21) que él mismo ha ido nombrando para blindarse. Pretende hacer balance de la huelga general reciente. Horas antes, un nutrido grupo de esos vicepresidentes celebra una reunión en una cafetería cercana a CEOE a la que no ha sido invitado Díaz Ferrán. Quieren estar seguros de que, aunque tengan que ser unos pocos quienes lleven la voz cantante, van a poder asegurar que lo que digan, que no es otra cosa que la petición de elecciones anticipadas en la patronal, está respaldado por una mayoría. No quieren ser bruscos. Están entre caballeros, no tratando con empleados, faltaría más. Se selecciona a tres personas muy cercanas a Díaz Ferrán, que puedan susurrarle con cariño la conveniencia de que salga de forma honrosa, de que pueda vestir de decisión personal a tiempo lo que va a ocurrir de uno y otro modo. Son Jesús Terciado, presidente de Cepyme; Arturo Fernández, concuñado de Díaz Ferrán y presidente de la patronal madrileña CEIM, y Joan Gaspart, al frente del consejo de turismo de la CEOE.

Díaz Ferrán se rinde. Llega a la comida y anuncia a los vicepresidentes su “voluntad” (sic) de convocar elecciones. Ese mismo día, la CEOE difunde un comunicado. Necesitan decirle rápidamente a la sociedad que se ha acabado el sainete pero se ven en la obligación de incluir que “los vicepresidentes expresaron unánimemente su valoración muy positiva de la presidencia de Díaz Ferrán”. Terciopelo.

Díaz Ferrán ingresó en prisión en diciembre de 2012. Se acaba de cumplir un año y medio desde su entrada en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Sobre él pesa ya una condena por delito fiscal en la venta de Aerolíneas Argentinas en 2001 pero su principal causa desembocará en el juicio por la quiebra del grupo turístico Marsans que, según la investigación policial, fue una operación financiera en la que se le acusa de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.

Rosell ganó las elecciones a presidente y prometió regenerar la patronal con transparencia y buen gobierno. Pero hasta junio de 2013 no se aprobó el famoso Código Ético, que no han tenido empacho en incumplir en cuando los altos cargos se han visto afectados por asuntos judiciales.

Entre los cercanos que habían invitado a Díaz Ferrán a salir de la patronal sin hacerse daño en aquel octubre de 2010, Arturo Fernández, el concuñado y quien había sustituido al propio Díaz Ferrán al frente de la patronal madrileña, se convertiría tras las elecciones de 2010 en vicepresidente de la CEOE. Hoy Fernández intenta vender su grupo empresarial, que ha presentado preconcurso de acreedores y arrastra una deuda millonaria y un rosario de embargos de Hacienda y la Seguridad Social. Sigue siendo vicepresidente de CEOE y fue reelegido presidente de la patronal madrileña CEIM el pasado mes de mayo a pesar de las dudas sobre sus prácticas empresariales y de que está imputado en el caso Bankia por decisiones que tomó Caja Madrid siendo él consejero. En su lista no tuvo problema en incorporar a Lourdes Cavero, la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien había dimitido semanas antes de su cargo como vicepresidenta de CEIM en teoría para no dar la sensación de cercanía de Fernández al Partido Popular (¿es que hay dudas?). La interpretación general, sin embargo, fue que Cavero dimitía por el caso del ático del que ella y su marido eran propietarios, aunque no figurasen como tales, y que sigue empantanado en los juzgados de Estepona. Para colmo, la CEIM se ha visto afectada por el escándalo de la estafa en los cursos de formación.

El ganador de las elecciones a presidir la patronal en 2010, Rosell, nombró también entonces vicepresidente a uno de sus rivales durante el proceso electoral, Santiago Herrero, entonces presidente de la patronal andaluza. Herrero renunciaba a presentarse de nuevo a la presidencia de la CEA y a su cargo en la CEOE la pasada Navidad. Lo hacía dejando a la patronal andaluza en una complicada situación financiera y con sus colaboradores contando con desparpajo el nepotismo imperante durante el mandato de Herrero y como gracias a él se habían repartido durante años los fondos de los cursos de formación. Tras presentar pérdidas por más de 12 millones de euros en 2012, en 2013 se reducían a la mitad pero seguían siendo de 6,8 millones de euros, en su mayor parte por los costes de reducir la sobredimensionada plantilla, llena de amigos y familiares, de 90 a 32 empleados. El gran problema de la CEA es que arrastra  una deuda de 17,5 millones de euros. Herrero está además imputado por presunta estafa en una promoción de 583 viviendas VPO en Sevilla sin finalizar.

Habrá que poner final en algún punto a este rosario, que al final el domingo no libro, y no entrar en los 25.000 euros que tuvo que pagar la CEOE después de que la Inspección de Trabajo les multase por el “acoso moral” a sus trabajadores del ya ex responsable de Relaciones Laborales de la patronal, José de la Cavada (el hombre al que le parecían excesivos los cuatro días de permiso por defunción de un familiar). O en la reelección del presidente de Cepyme, Jesús Terciado, también vicepresidente de CEOE a pesar de las sospechas sobre su gestión y del expediente abierto por la propia CEOE.

Dicho esto, la CEOE no es la única ni la organización más fuerte que ha estado dictando a los gobiernos la receta a seguir en estos duros años. A la patronal durante la crisis, le salió un competidor a la hora de soplar en Moncloa las soluciones de los empresarios al problema de la crisis, el Consejo Empresarial para la Competitividad, liderado por el presidente de Telefónica César Alierta, encontrado culpable del delito de abuso de información privilegiada mientras desempeñaba el cargo de presidente de Tabacalera pero absuelto por el Tribunal Supremo por considerar éste no que no hubiera delito, que considera probado, sino que dicho delito había prescrito.

Todas estas personas cuestionadas o que sostienen a quienes lo están, han mantenido una posición común en la receta de salida de la crisis. Alierta fue de los primeros en pedir en Moncloa que se desligasen los salarios de la evolución del IPC. Rosell en su libro comenta:

“El referente estable de las negociaciones salariales ha de ser la mejora de la productividad junto con la posición comercial de cada empresa. El IPC no es una referencia sino un problema”.

También han planteado una larga y dura batalla para reducir el coste del despido con la teórica intención de reducir la temporalidad. Dice Rosell en su libro publicado en 2010:

“La indemnización por despido debe ser la que se fija para el despido procedente, pues la contratación se hace para producir y se recurre al despido por imperativos de supervivencia cuando caen las ventas, por razones disciplinarias o por deslealtad manifiesta. (…) La indemnización pretende ser una barrera de salida a la relación laboral, pero actúa como una barrera de entrada que impide la estabilidad en el empleo y las ventajas asociadas”.

En otro punto del libro comenta: “La reducción de tesorería asociada a los costes de despido -indemnizaciones, costes legales, etc.- se convierte en un problema de difícil solución que quienes lo han soportado prefieren evitar, recurriendo, en lo posible, a la contratación temporal”.

¿Qué ocurre sin embargo con los puestos temporales, con la alta rotación de las plantillas provocada por esa tendencia empresarial española para evitar la indemnización?

“Una persona que se incorpora a la vida laboral hace, de entrada, una aportación marginal, debido a la falta de experiencia, de formación o de las dos cosas, con lo que su contribución está por debajo de la media registrada en la empresa que ha creado el empleo”. (…) “Además, la capacitación de personas para que estén en condiciones de dirigir, innovar, cambiar culturas organizativas y hacer aportaciones relevantes se adquiere tras mucho tiempo de estudios y de acumulación de experiencia práctica”.

Y sin embargo, lo que se han dedicado a destruir en cuanto la reforma laboral de 2012 se lo facilitó, ha sido el empleo indefinido. El que tenía la barrera de la indemnización, el que permitía mantener cierta capacidad frente al empresario por la posibilidad de secundar, por ejemplo, una huelga, sin que suponga la no renovación del contrato. Por cierto, a Rosell también le parecía en su libro que había que limitar el derecho de huelga. Comenta:

“La huelga es un derecho acotado por otros derechos, que impone costes a la empresa y a terceros, especialmente cuando se acompaña de manifestaciones. Debe ejercerse con responsabilidad, evitando daños a terceros y perjuicios mayores que la ganancia esperada. Quien impida a otros el ejercicio de sus derechos debería ser disuadido con la penalización adecuada”.

Esta gente leal y de palabra con sus pares, de los que solo hablan en pasillos y cuando se estremecen los cimientos de su status quo, no dudó en abrazar la reforma laboral de febrero de 2012 que dinamitaba el acuerdo que ellos mismos habían alcanzado con los sindicatos semanas antes, el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, en el que los representantes de los trabajadores ponían sobre la mesa una importante contención salarial a cambio de que se contuvieran también los márgenes de beneficio empresarial , se limitase la retribución a los directivos y se lograse una reducción de precios que colaborase a mantener el empleo. El arma que puso en sus manos el Gobierno les pareció mucho mejor y la usaron profundamente en su beneficio. Tanto es así que ahora el peso de la remuneración de los asalariados, que hasta la reforma laboral suponía en torno al 49% del PIB, ha caído ya al 45%. De mantenerse el reparto de la riqueza anterior, según el PIB de 2013 los asalariados habrían recibido 30.000 millones de euros más.

¿Están contentos con lo logrado? Jamás. Como ha dicho Rosell, en negociación colectiva “nos queda un camino tremendo. Está anquilosada en el pasado y hay que darle la vuelta al calcetín. La culpa es tanto de los sindicatos como de los empresarios, porque no somos lo suficientemente valientes para poner un papel en blanco sobre la mesa. Tenemos algunos convenios de hace 30 años, con 200 páginas y que no entendemos, pero que seguimos firmando”. También ha dicho que “hay 6.000 convenios de empresas y de sector que no cambiamos suficientemente para adaptarlos al día a día. Defendemos demasiados status quo personales de mucha gente que está en la negociación colectiva”. Quieren borrar del todo lo conseguido y no van por mal camino. Los jueces han parado en ocasiones el incendio pero la respuesta de Rosell es que “los jueces no tienen muy claro lo que pone” en la reforma laboral y “están haciendo interpretaciones de todo tipo”.