Pagar más o menos impuestos en un mundo trucado para que otros no paguen

impuestos hacienda

Pongan la mente en blanco. No piensen en las dos subidas de IVA que han sufrido durante la crisis y la reclasificación de productos y servicios que ahora pagan el tipo general. No piensen en la subida del IRPF que se agarró a su nómina desde 2012 y que ahora les van a bajar por capítulos sin devolverles el susto, ni en las decenas de miles de millones de euros entregados a entidades financieras a fondo perdido por agujeros que alguien no controló (aunque cobraba por ello). No piensen en los recortes en Sanidad o Educación pero, sobre todo, no quieran entender el fraude que se esconde tras las SICAVs ni saber quién bloqueó su inspección; ni cómo la banca, al quedarse con miles de pisos de las inmobiliarias cuando estalló la burbuja, se restó cifras astronómicas de un IVA que nadie había pagado quitándolos del fondo común. No se pregunten en qué consisten los paraísos fiscales, qué había tras la amnistía fiscal ni por qué David Beckham fue el primer gran beneficiario de una norma tributaria que se dijo que se creaba para atraer a científicos y premios Nobel.

Vivan felices con los anuncios de devolución de los sacrificios que nos hacen desde el Gobierno y no lean, no se les ocurra leer el libro ¿Hacienda somos todos? de Francisco de la Torre (Debate, 2014), al que dedico hoy la sección El domingo libro. No vaya a ser que, avanzando por sus páginas, aten cabos entre lo que ocurría antes y durante la crisis, lo que ha pasado en su bolsillo y lo que ha entrado (o no ha salido) de otros. No vaya a ser que descubran que este fondo común, al que cada vez aportan más, está lleno de rotos desde hace mucho y que ahora, cada vez que se remienda uno, se dejan saltar las costuras por otro sitio sin que en la Agencia Tributaria tengan medios (ni se los den) para tanto hilván.

Algunos de esos rotos son o han sido leyes mal diseñadas que abrían un enorme espacio a la trampa (como la libertad de amortización para las empresas hasta marzo de 2012 o el sistema de módulos); otros son o han sido una clara connivencia del poder político con las élites económicas (la Ley Beckham, las SICAV); otros, en el país del con IVA o sin IVA, simple y llanamente fraude; y finalmente, otros llegan por un sistema fiscal internacional diseñado para quien puede elegir dónde fabrica, dónde vende y dónde no paga impuestos.

Un mundo para multinacionales en el que nos hacen a todos los europeos rescatar a Irlanda de la orgía de la banca pero permiten al país mantener su Impuesto de Sociedades en el 12,5% en una competencia desleal con sus vecinos de Europa que tiene, por un lado, dos tipos de beneficiarios: la propia Irlanda y las multinacionales que radican allí sus sedes para pagar menos impuestos; y por otro lado, unos perjudicados: los contribuyentes de los países donde se genera buena parte del beneficio, que no ven un euro en impuestos por esa ganancia.

El libro de Francisco de La Torre, inspector de Hacienda y jefe del Equipo de Inspección de Madrid, es un buen libro. Una obra sobre impuestos que se puede leer sin que se le ponga a uno la tez amarilla y cara de actuario, un libro para sorprenderse mirando a través de los ojos de alguien que vive en las tripas del sistema y sabe contarlo y hasta levantar una sonrisa con sus anécdotas por los domicilios sociales radicados en pisos inexistentes.

¿Hacienda somos todos? es un catálogo de motivos de por qué la recaudación de los grandes impuestos en España está como está pero también una crítica armada de datos hasta los dientes de cómo está diseñada la fiscalidad en el mundo y quién puede y quién no escaparse del Fisco. Enumerar el catálogo de desequilibrios sería largo e injusto, fuera de bromas, les recomiendo leer este libro.

EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Voy a centrarme en dos. El primero, uno de los impuestos que modifica ahora el Gobierno de Mariano Rajoy y al que la importancia para los bolsillos de millones de españoles por la rebaja del IRPF le ha restado protagonismo: el Impuesto de Sociedades. Para empezar, viaje por este túnel del terror en forma de gráfico deslizando el ratón desde 2007, el año en que España se creía rica, hasta el pasado ejercicio. Y note a qué espalda se ha ido cargando mayor peso de una recaudación a la que habían puesto grilletes los rescates a la banca, los intereses por la deuda pública disparados junto a la prima de riesgo o las prestaciones por desempleo.

El Impuesto de Sociedades se derrumbó en 2008. Pasó, en un solo año, de aportar cerca de 45.000 millones de euros a la recaudación de los grandes impuestos de la Agencia Tributaria a quedarse en 27.000 millones. ¿Crisis? En julio de 2008 se pagaba por los resultados obtenidos en 2007, año en que, según la Central de Balances del Banco de España, se obtuvieron los mejores resultados de la historia empresarial española. Sin embargo, la cuantía declarada ante la Agencia Tributaria pasó de 177.514 millones en 2007 (correspondiente sobre todo a beneficios de 2006), a 111.612 millones en 2008. Huele a fraude, sabe a fraude. ¿Qué será?

Como cada vez que se menciona esta palabra alguien se revuelve y alude a la crisis como único motivo, Francisco de La Torre facilita en su libro un gráfico que he colocado en la parte superior de esta reseña, junto a la portada de ¿Hacienda somos todos? y que replico aquí.

Gráficodensidad

El gráfico pertenece a los profesores David López-Rodríguez (Banco de España) y Miguel Almunia (University of Warwick) y es parte de una investigación en la que se vio que, como explica De La Torre:

“El número de empresas aumenta de forma inexplicable al borde de los 4,7 millones de euros de facturación, que determina la obligación de auditar cuentas, y de forma aún más espectacular al llegar a los seis millones de euros. Dicho de otra manera, empresas que facturarían 6,01 millones de euros, declaran 5,99 millones. Este pico existe únicamente en las empresas españolas. La razón es que, a partir de un volumen de operaciones de seis millones de euros, las empresas pasan a estar controladas por las Unidades Regionales de Gestión de Grandes Empresas, encuadradas en el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria. Muchos directivos de estas empresas consideran  que la probabilidad de sufrir una inspección es mucho más elevada si se facturan 6,01 millones de euros”.

No cabe mucha duda. En España, hay fraude en el impuesto de Sociedades. Unido a la crisis y a la falta de medios para combatirlo, se obtiene un cóctel letal para las arcas públicas que se ha intentado paliar con subidas de los tributos de los que no hay forma de escapar, como el IVA o el IRPF. Pero ni la crisis ni el fraude explican tampoco la totalidad de lo ocurrido. También hubo una importante contribución desde el BOE.

A finales de 2010, mientras España dejaba caer la mandíbula ante el plante de los controladores y el cierre del espacio aéreo, en las cocinas de Moncloa se aprobaba un beneficio fiscal exclusivo para las grandes empresas que “como es natural, pasó relativamente desapercibido. (…) La idea era sencilla: las nuevas inversiones se podían amortizar libremente, es decir, se podían pasar a gastos de golpe”, restarse de los impuestos a pagar. El objetivo teórico era fomentar el aumento de la inversión y con ello el empleo, pero se eliminó el requisito de mantenimiento del mismo, qué cosas. La realidad fue que empresas cuya actividad necesita de una inversión constante, como las telefónicas o las eléctricas, convirtieron en gasto, es decir, restaron de lo que aportaban al fondo común, gigantescas cantidades ligadas a su actividad diaria, no a nuevas inversiones para crear empleo. La medida se suprimió en marzo de 2012 pero con los nueve meses que estuvo en vigor le sirvió para hacer un roto a la Hacienda Pública de 1.400 millones de euros.

Las facilidades a las grandes empresas y sobre todo a las multinacionales no son cosa de errores de la crisis ni algo exclusivo de España. A las empresas se les dan facilidades para invertir e internacionalizarse y al final se han creado monstruos algunos de los cuales prácticamente no pagan en ningún lado. Sólo un ejemplo de los que se explican en el libro.

En España, para evitar que las empresas paguen dos veces por el mismo beneficio, se eliminó la obligación de pagar impuestos por la ganancia que obtenían filiales en el extranjero, con la filosofía de que ese dinero ya habría pagado allí donde se había generado. Al mismo tiempo, con la intención de promover la inversión y la internacionalización, se permitió a las empresas deducirse los gastos financieros cuando se invertía fuera a crédito. ¿Qué ha ocurrido con la mezcla de ambas normas? Ganar dinero fuera de España no paga impuestos e invertir fuera sí resta. ¿De dónde resta, si no puede ser de los impuestos por los beneficios generados fuera, puesto que no se paga por ellos? Claramente, de los impuestos por los beneficios generados aquí, que sí están sujetos a gravamen. “Un cóctel explosivo. (…)”, dice De la Torre. Al bolsillo de los españoles nos cuesta dinero que nuestras multinacionales inviertan y hagan negocio fuera.

Esto en sí no es fraude pero lo ha facilitado, porque además se han permitido los préstamos entre empresas del mismo grupo. Basta con poner la sede de la filial financiera en un país donde se paguen pocos impuestos y hacer que esa filial preste al resto del grupo allí donde haya beneficio. La matriz se restará los gastos financieros y la filial pagará una cantidad mínima por ingresarlos. ¡Bingo!

“Las filiales españolas tenían una cuenta de resultados equilibrada; cobraban dividendos de las demás filiales del grupo y pagaban intereses a la filial financiera del grupo. El único detalle era que los dividendos no tributaban y los gastos sí deducían. Esto llevaba a que los beneficios de toda la actividad en España no pagasen”.

Esto es lo que se denomina subcapitalización y “era tan común en las filiales de multinacionales en España que algunas empresas abandonaron otros sistemas de fraude porque, el que cometía todo el mundo, era generar artificialmente pasivos financieros intragrupo. Cuando la multinacional Praxair aceptó de conformidad la comisión de un delito continuado y tuvo que pagar la friolera de 264 millones de euros, también se detectó la práctica de generar estos gastos financieros irreales con la única finalidad de obtener una deducción fiscal. Lo que más sorprende no es la escasísima tributación por los beneficios, ni el importe que tuvo que pagar la multinacional, sino que a partir de 2004 se fueran abandonando otras prácticas fraudulentas para simplemente generar gastos financieros artificiales, porque era más fácil.

¿Quieren saber el colmo de este campo sin puertas de la tributación en un mundo globalizado? La sanción a Praxair es absolutamente excepcional. “En la Ley General Tributaria del año 2003, aprobada en la primera legislatura del PP, la sanción más dura, del 150%, estaba reservada a los trabajadores con sueldos inferiores a la obligación de declarar que mintiesen a sus retenedores”. Es decir, el mayor castigo en proporción era por inventarse hijos o situaciones familiares inexistentes frente al empleador para pagar menos impuestos. “Mientras, la ingeniería fiscal de las multinacionales tenía riesgo de sanciones cero”. La situación ha cambiado, al menos en lo que se refiere a la facilidad de fraude permitida desde la ley, al modificarse la deducibilidad de los gastos financieros.

Otra cosa es que la solución tardía y drástica vaya a hacer pagar justos por pecadores a empresas que podrían haber utilizado la deducción de gastos financieros o la libertad de amortización realmente para invertir, crecer y crear empleo si hubiera habido limitaciones en la norma y más control.

Parece que no se escucha demasiado a los inspectores. Entre las recomendaciones que éstos hacen está la eliminación de las deducciones, causantes de que el tipo del 30% del Impuesto de Sociedades actualmente en vigor (25% para pymes), en la práctica sea muy inferior. El Gobierno ha dicho que en su rebaja del tipo nominal recién anunciada va a quitar, como recomiendan los inspectores, deducciones. Pero no ha dado detalles, a ver qué dice mañana. De momento ha dicho que mantiene la deducción por inversión en I+D y se ha inventado dos nuevas. Una es la reserva de capitalización, que viene a ser mandar beneficio a una caja para poder tirar de ella cuando se necesite financiación en lugar de acudir a la banca. Veremos qué hace con esta posibilidad el Ibex 35. 

Capítulo aparte merece y tiene (de hecho, dos) los impuestos que paga y los que se ahorra la banca, a la que hemos apuntalado con nuestra contribución al fondo común.

SICAVS, EL CHOLLO DE LAS GRANDES FORTUNAS

Aunque no sepan exactamente en qué consiste su funcionamiento, los españoles entienden las SICAVs como un instrumento para que el dinero de los ricos pague pocos impuestos, el 1%. En realidad ese porcentaje corresponde al Impuesto de Sociedades que pagan las sociedades de inversión colectiva conocidas como SICAVs, porque en teoría en el momento en que se hace líquida la inversión hay que pagar por la plusvalía el correspondiente gravamen al ahorro. El drama de las SICAVs que describe De La Torre es el consentimiento de un claro fraude sobre lo que dice la norma para aprovecharse de la baja imposición para el Impuesto de Sociedades que se otorgó a este instrumento con la intención de fomentar el ahorro. Porque se trataba de ahorro colectivo, no de crear zonas seguras en las que aparcar grandes fortunas. Por eso la norma pide que la SICAV tenga un mínimo de 100 partícipes y una inversión mínima de 2,4 millones de euros.

En la práctica, en la mayoría de estas sociedades, aunque se cumple con el número mínimo de partícipes, casi el 100% de la propiedad está en manos de una sola persona o un grupo reducido, normalmente de la misma familia. El resto de partícipes los aportan las gestoras o bancos y, dado su papel de acompañamiento, se les conoce como mariachis. Como recuerda el libro, en otros ámbitos a esa figura se la denomina “testaferro”. ¿Qué ocurrió cuando se intentó contener este fraude? Cuenta De la Torre:

“Cuando se realizó un plan de inspección masivo a las SICAV en 2004 y 2005, entre los centenares inspeccionadas muchas no cumplían los requisitos de cien partícipes o inversores reales. (…) El resultado de las inspecciones no pudo ser más desalentador: las Cortes Generales le quitaron la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda y la trasladaron a la CNMV. Esto se hizo mediante la aprobación de una enmienda de CiU el mismo día en que se aprobaba el matrimonio gay, el 30 de junio de 2005, enmendando la Ley 23/2005. Según las crónicas parlamentarias, esta medida se aprobó ante un 10% de los parlamentarios que habían estado en el anterior debate y con el voto a favor de PSOE, CiU, PP y otros nacionalistas, y sólo con el voto en contra de Izquierda Unida”. (…) “En las pocas ocasiones en que la CNMV ha considerado que una SICAV no cumplía los requisitos, le ha dado un plazo para que busque nuevos inversores. Incluso se ha dado el caso de que una SICAV que ha quedado con un solo partícipe (por cierto, muy conocido) no ha perdido su condición de institución e inversión colectiva; se ha creado la novedosa categoría de “institución de inversión colectiva unipersonal””.

Mientras no se saque el dinero de la SICAV casi no se pagan impuestos pero además, hasta el último trimestre de 2010, no se pagaban ni cuando se  retiraba parte de la inversión. Se permitía efectuar reducciones de capital y saltarse la aportación al Fisco.

Por otro lado, quienes tengan la tentación de defender los privilegios de las SICAV por la temida fuga de capitales, tienen un pormenorizado detalle en el libro de realmente cuánto invierten en valores españoles estas sociedades y cuál sería su efecto para un país con las necesidades financieras del nuestro.

Con estos y otros ejemplos del libro, y volviendo al esquema de reparto de la tributación actual, duele cuando De La Torre cita el artículo 31.1 de la Constitución:

“1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrán alcance confiscatorio”.

También la cita con la que se inicia el libro:

“Los impuestos son el precio que pagamos por la Civilización” (Oliver Wendell Holmes, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos); “En la selva no existen” (añadido posterior de Robert Wagner, político estadounidense).

Lo que ocurre es que, algunos, viven muy bien en la jungla.