La reforma laboral del Partido Popular es esa ley que apareció un día en el BOE con la intención, decía el preámbulo, de crear un marco legal “que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país”. De las promesas a los hechos, lo que tenemos hoy, cuando desde el Gobierno cantan a coro que están muy contentos de que por fin este año se va a crear empleo neto, es un país en el que uno de cada cuatro contratos que se firma dura menos de una semana. Así lo demuestran las cifras de los informes mensuales de enero a mayo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), adscrito al Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez, agregadas en el cuadro superior.

Esto no es temporalidad es la constatación de que este país se ha convertido en un lugar donde hacer un plan de vida es algo imposible en cada vez más casos. De los 7.840.735 contratos que se firmaron en los seis primeros meses de 2014, el 24,59% (1.928.044 contratos) tenía una duración inferior a siete días. Si se quiere medir la eficacia de esta ley en función de lo que se prometió públicamente, el Gobierno tiene complicado afirmar que ha creado un marco legal que dé estabilidad al empleo. Si se suman los contratos con una duración igual o inferior a un mes, el porcentaje sobre el total se dispara hasta el 37,8%.

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empleo precarioLos trabajadores españoles tienen un roto en el bolsillo, un desgarro que se hicieron al tropezar con la reforma laboral de febrero de 2012. Cada vez que se echan mano, comprueban con impotencia que otro puñado de monedas se les ha ido por el agujero. Por un pacto con la empresa a cambio de no perder el empleo, por el descuelgue del empresario del convenio colectivo, por reducción de la jornada de forma unilateral y sin pasar por la autoridad administrativa o sencillamente porque los despidieron con 20 días por año trabajado y fueron sustituidos por alguien más barato. Las aristas que clavó el Partido Popular en el tejido laboral son muchas con la excusa de que, si fijaban normas que permitiesen bajar los salarios, de las fábricas españolas saldrían productos más baratos y capaces por ello de competir en el mercado internacional. Sin embargo, este pantalón que ha cosido el PP tiene doble fondo. La mayor parte del dinero que pierde el trabajador cae directo en el bolsillo del empresario, no se usa para abaratar productos ni servicios. Este trasvase de riqueza desde el salario a los beneficios, rondó en 2012 los 20.000 millones de euros y en 2013 se situaba ya cerca de 30.000 millones. Esta semana se ha conocido el dato de paro registrado de abril. Hay 111.916 personas menos registradas como desempleadas y ha aumentado en 198.320 el número de personas afiliadas a la Seguridad Social. Empleo precario, inestable que demuestra que la promesa de mejora era en realidad un chantaje. Por el camino se han perdido derechos tanto en estabilidad como en ingresos.

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