La reforma laboral del Partido Popular es esa ley que apareció un día en el BOE con la intención, decía el preámbulo, de crear un marco legal “que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país”. De las promesas a los hechos, lo que tenemos hoy, cuando desde el Gobierno cantan a coro que están muy contentos de que por fin este año se va a crear empleo neto, es un país en el que uno de cada cuatro contratos que se firma dura menos de una semana. Así lo demuestran las cifras de los informes mensuales de enero a mayo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), adscrito al Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez, agregadas en el cuadro superior.

Esto no es temporalidad es la constatación de que este país se ha convertido en un lugar donde hacer un plan de vida es algo imposible en cada vez más casos. De los 7.840.735 contratos que se firmaron en los seis primeros meses de 2014, el 24,59% (1.928.044 contratos) tenía una duración inferior a siete días. Si se quiere medir la eficacia de esta ley en función de lo que se prometió públicamente, el Gobierno tiene complicado afirmar que ha creado un marco legal que dé estabilidad al empleo. Si se suman los contratos con una duración igual o inferior a un mes, el porcentaje sobre el total se dispara hasta el 37,8%.

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